VÍCTIMAS DE SÁBANAS DE SAN ÁNGEL Y LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Por. Víctor Garavito

Para nadie es un secreto que durante los debates de la ley de víctimas y de restitución de tierra, la 1148 del 10 de junio del 2011, en el Congreso de la República y después de su promulgación, sectores de la agroindustria, los ganaderos y las multinacionales, siempre defendieron que muchas de sus tierras compradas durante el periodo de la violencia narcoparamilitar fueron adquiridas “de buena fe” para no devolverlas a sus verdaderos dueños.

Esta estrategia jurídica defendida desde la Federación Colombiana de Ganaderos -Fedegan- que lidera el ultraderechista José Félix Lafaurie y por altos funcionarios del Estado, generó evento como el que se escenificó en el Municipio de Sabanas de San Ángel, el pasado martes 5 de abril del 2016.

En ese momento, el mismo Procurador General de la Nación, para ese momento y hoy embajador de Colombia ante la OEA en Washington, Alejandro Ordóñez, junto con el director de Fedegan, dejaron dejó en claro su rechazo a la Ley 1448, durante un evento público realizado en el Municipio de San Ángel.

Hoy, cuatro años después, los campesino despojados de las tierras en el Magdalena, continúan reclamando las tierras que les arrebataron los paramilitares durante el conflicto armado interno, que aún se mantiene y ha dejado varios reclamantes de tierras asesinados, así como la aparición del autodenominado Ejército Antirrestitución de Tierras o Águilas Negras, quienes operan en el centro del departamento, como lo ha informado la prensa nacional.

En medio de ese contexto el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, se reunió con algunos reclamantes de tierra de los municipios de Chibolo y Sabanas de San Ángel, donde se adelantan estos procesos sin que hayan arrojado resultados concretos que garanticen el restablecimiento de los derechos a las víctimas en ese sector del centro del departamento que corresponde al Valle del Rió Ariguaní.

En el evento se escucharon los reclamantes de tierra de la vereda Oceanía de Sabanas de San Ángel y al concluir se diseñó una ruta de seguimiento; en este sentido se estableció mesa jurídica, que convocará la Procuraduría General de la República, además, de un comité municipal de Justicia Transicional y un próximo evento que la haga el seguimiento a compromisos establecidos.

La reunión contó con la participación de la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Alcaldía de Sabanas de San Ángel y las víctimas.

Los compromisos

En ese mismo camino, la Gobernación, se comprometió a adelantar una reunión con los segundos ocupantes de las tierras, con el propósito de escuchar sus inquietudes y coadyuvar en la garantía de sus derechos. Por otro lado, se le solicitará a la Fiscalía General de la Nación la reasignación de todos los procesos a un solo fiscal, para que se agilicen junto con la Policía Judicial las acciones correspondientes que permitan el avance de estos procesos, hoy detenidos.

“Nosotros tenemos derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero principalmente a la no repetición y la reivindicación de nuestros derechos. Agradecemos a esta administración que está de puertas abiertas para las víctimas, no solo para hacer reuniones, sino para darle solución a la problemática de las víctimas y reclamantes de tierra en el Magdalena”, manifestó Carlos Rodríguez Felizzola, reclamante de tierras.

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Fotografía: Oficina de Prensa de la Gobernación del Magdalena, enero 2020.