CRÓNICA DE UN RECONOCIMIENTO INOPORTUNO: LA UNIDAD DE VÍCTIMAS, ¿AL SERVICIO DE LA CAMPAÑA DE FUERZA CIUDADANA EN MAGDALENA?
La Gobernación del Magdalena celebró con gran despliegue mediático este jueves 6 de noviembre un "reconocimiento ejemplar" otorgado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) por su supuesta contribución a la política pública de víctimas durante el 2024. El comunicado, lleno de elogios a la gestión iniciada por los exgobernadores Carlos Eduardo Caicedo Omar y continuada por Rafael Alejandro Martínez y la actual encargada Ingris Padilla García, desató inmediatamente una ola de críticas. El momento no puede ser más inoportuno: ocurre en plena campaña electoral que elegirá al nuevo gobernador(a) el próximo 23 de noviembre, mientras las graves denuncias de desprotección a víctimas persisten en el departamento.
El Contraste de la Realidad
La fastuosa nota de prensa (BO 0726) de la Gobernación detalla logros como un diplomado en "Gestión de Conflictos" y la realización de "Diálogos por la Reconciliación". Sin embargo, esta narrativa de éxito choca frontalmente con el testimonio de víctimas que, en ese mismo periodo, han visto cómo la administración departamental ha fallado en sus funciones más esenciales.
Mi caso ejemplifica esta paradoja: A quien esto escribe le fue negada la activación de la ruta de protección en enero de 2024 por la misma Gobernación que hoy recibe el galardón de la UARIV. El incidente de desatención ocurrió el 16 de enero, cuando me presenté en la Oficina de Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto del departamento.
Lejos de recibir asistencia, fui ignorado. Funcionarios de la Jefe del Despacho, Nayara Vargas Lesaca, no solo se negaron a recibir mi solicitud, sino que, llegaron a cerrarme la puerta, argumentando que la alta funcionaria se encontraba "realizando el presupuesto de su dependencia". Ante la negativa verbal, la solicitud de protección fue radicada por escrito bajo el número 2024-001048 el 17 de enero a las 10:55 a.m., pero hasta el día de hoy, la respuesta sigue brillando por su ausencia.
Este trato, proveniente de una dependencia a cargo de la seguridad de las víctimas, plantea serias suspicacias. Es presumible que la inacción no fue un simple error administrativo, sino una que se podría entender como una presunta decisión del movimiento político Fuerza Ciudadana, que hoy detenta el poder en la administración departamental. La tardanza en responder o la negativa de atención en un tema de vida o muerte se podría interpretar como un riesgo calculado o una política de priorización, donde, según denuncias, solo se atiende a copartidarios. Una política de víctimas selectiva es una violación flagrante del principio de igualdad.
Cabe señalar, que la vida de las víctimas no son estadísticas para un comunicado de prensa, son derechos que deben ser garantizados," expresó la víctima a este medio. La negación de una medida tan crítica como la ruta de protección pone en entredicho el nivel de "goce efectivo de los derechos de las víctimas" que, según la propia UARIV, se supone evalúa este reconocimiento.
¿Un Galardón con Tinte Electoral?
El contexto político añade una capa de suspicacia al asunto. La entrega del reconocimiento se produce en medio de una intensa campaña para elegir al nuevo gobernador o gobernadora del Magdalena. El comunicado dedica un espacio significativo a ensalzar los "gobiernos populares iniciados en el Magdalena por Carlos Caicedo," en una clara referencia política a Fuerza Ciudadana, el movimiento que busca mantener el poder en el departamento.
Esta coincidencia ha reavivado las sospechas sobre la independencia y la imparcialidad de la Unidad para las Víctimas. La pregunta que surge en los círculos políticos y de derechos humanos es directa: ¿Está el director de la Unidad, Adith Rafael Romero Polanco, utilizando una entidad técnica de la nación para hacer campaña a favor de Fuerza Ciudadana y el proyecto político de Carlos Caicedo?
Si bien el Dr. Romero Polanco ha sido cuestionado en el pasado por su falta de experiencia en temas de conflicto y reparación al momento de su nombramiento, las implicaciones de este "reconocimiento" en plena contienda electoral son mucho más graves: instrumentalización de las víctimas y uso de recursos estatales para fines proselitistas.
Se Exigen Respuestas
El reconocimiento fue entregado por Silvia Juliana Arévalo Prado, directora de Gestión Interinstitucional, y Javier Rivera Vera, subdirector de Coordinación Nación Territorio de la UARIV. La sociedad civil y las organizaciones de víctimas exigen a los funcionarios de la Unidad que detallen los criterios específicos y medibles que llevaron a calificar la contribución del Magdalena como "ejemplar," especialmente a la luz de las fallas concretas en la protección a personas vulnerables.
La paz territorial y la garantía de los derechos de las víctimas, propósitos que la Gobernación dice reafirmar, deben estar por encima de cualquier cálculo electoral. Lo contrario no es una "contribución ejemplar," sino una afrenta a la dignidad de quienes han sufrido la violencia.
Radicado de Solicitud de Activación de Ruta de Protección en la Gobernación del Magdalena

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