2021 EL AÑO MÁS VIOLENTO DESDE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ

A pesar que en el 2020, en plena pandemia y dentro del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el país vivió un baño de sangre por cuenta de las masacres, los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y excombatientes de la Farc, en el 2021, el inicio del año, todo tiende a empeorar, sí los denunció la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. 

Sin lugar a dudas, el 2021 arrancó con las peores indicadores de violencia que jamás haya vivido el país en el presente siglo, ni después de la firma del Acuerdo de Paz; el hecho lo reflejan las masacres, los enfrentamientos armados y las amenazas de muerte a líderes sociales, así lo concluye el Monitoreo de Riesgos de Seguridad, elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP -UIA-, que realiza el seguimiento permanente a los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de los comparecientes en los procesos que realiza la Jurisdicción.   

El monitoreo, del periodo comprendido entre el primero y el 24 de enero del presente año, señala que se presentaron 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, 6 masacres, 5 asesinatos de excombatientes de las Farc-EP, 14 homicidios de líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 enfrentamientos armados entre grupos ilegales. 

Un líder social cada 41 horas 

En las tres primeras semanas de enero, cada 41 horas fue asesinado un líder social, en los que registraron los asesinatos de 14 líderes sociales:  Gonzalo Cardona en Tuluá, Valle; Fredman Herazo en La Apartada, Córdoba; José Robinson Quino en Yondó, Antioquia; William Rodríguez en Cúcuta, Norte de Santander; Linda Patricia Díaz en Cáceres, Antioquia; Janeth Zapata en Dosquebradas, Risaralda; José Abadía Parra en Pereira, Risaralda; Ricardo Cortés Rozo en Bogotá, Gerardo León en Puerto Gaitán, Meta; Diego Betancourt en Yopal, Casanare; Oliver Villariaga en Puerto Rico, Meta; Alfredo García en Ituango, Antioquia; Edwin Antonio Indaburo en Nechí, Antioquia y Carlos Erlid González en Buga, Valle del Cauca.   

También, fueron secuestrados José Vizney en Guachené, Cauca, quien fue liberado tres días después, y el líder Embera Jesús Bailarín, liberado cuatro horas después. Además, recibieron amenazas otros 13 líderes sociales en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Bolívar y Caquetá.  A esto se suman las recientes amenazas que han recibido líderes y lideresas de El Salado, en el Carmen de Bolívar, Bolívar, por presuntos integrantes de las autodenominadas Águilas Negras.    

Asesinato de firmantes del Acuerdo 

Cada cinco días, fueron asesinados los excombatientes de las Farc-EP, en proceso de reincorporación: Yolanda Zabala, Duván Galíndez, Cristian Ramírez, Giovani Claro y Juan Carlos Correa. Los hechos se presentaron en Briceño, Antioquia; Cartagena del Chairá, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Convención, Norte de Santander y San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Dos de las víctimas residían en los AETCR La Plancha y Caño Indio.    De hecho, en los municipios donde sucedieron estos homicidios, se registra presencia y actividad de diferentes tipos de disidencias y grupos sucesores del paramilitarismo.    

Masacres 

Cada cuatro días se perpetró una masacre, lo que deja al descubierto que el accionar de quienes quieren hacer trizas la paz se incrementó y, de cierta forma, pronostica, para algunos observadores lo que será los meses que están por venir, mientras las organizaciones sociales, como sus líderes sociales, continúan desprotegidas en los territorios, bajo la mirada impasible del presidente Duque, quien al parecer normalizó la creciente violencia en el país, mientras desde el Gobierno Nacional, se repite diariamente y como un mantra, sin efecto alguno ni gesto verdadero que materialice sus verdaderas intenciones de paz, todo lo contrario, su actitud y su discurso alimenta la guerra. 

Los hechos ocurrieron en Betania, Antioquia; Florencia, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Popayán, Cauca; Tarazá, Antioquia; y Buga, Valle del Cauca. Estos municipios cuentan con la presencia de los siguientes Grupos Armados Organizados: Frente Occidente del Clan del Golfo (Betania), Frente 3 que está bajo las instrucciones de alias “Gentil Duarte" (Florencia), Frente Cordillera Sur del Clan del Golfo, Frente de Guerra Occidental del ELN y Los Rastrojos (Cali), Frente de Guerra Suroccidental del ELN (Popayán), Subestructuras Julio César Vargas y Rubén Darío Ávila del Frente Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, Frente de Guerra Darío Ramírez del ELN, Frente 18 que está bajo las instrucciones de alias “Gentil Duarte" y Los Caparros (Tarazá).    

Enfrentamientos 

Se evidencia una mayor iniciativa de combate por parte de la Fuerza Pública hacia las diferentes estructuras criminales, pues se registraron 14 enfrentamientos armados, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz. Así mismo, estos sucesos dejaron graves afectaciones en la sociedad civil, como 57 familias y 200 personas desplazadas forzosamente, así como 80 familias en confinamiento en Tibú, desde el 28 de diciembre del 2020 por los combates entre la guerrilla del ELN, Los Rastrojos y el Ejército Nacional.

Finalmente, la JEP señala que el propósito de estos reportes es garantizar la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y los comparecientes en los procesos en los que avanza en la Jurisdicción Especial de Paz en los territorios. “Es importante resaltar que este monitoreo hace énfasis en los más de 12 mil comparecientes ante la JEP, de las más de 300 mil víctimas acreditadas y de las 112 organizaciones de víctimas y de la sociedad civil que ya le han presentado sus informes a la Jurisdicción”.

Fotografía: @ArtistasZona

Informe de Monitoreo de Riesgos de Seguridad -UIA-