PROCURADOR PIDIÓ VINCULAR A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EN CONDICIONES DIGNAS Y CON ESTABILIDAD LABORAL

“Los trabajadores de las IPS no puede estar vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales, prestacionales y no se puede desconocer su derecho a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral”. 

Con la aprobación de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, que promovió, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, se reformó la salud en Colombia y deterioró la condiciones de los trabajadores de la salud; luego, su mismo autor, cuando fue presidente, estableció el sistema de tercerización y los contratos de prestación de servicios, bajo la reforma del 2002, así acabó con la estabilidad laboral de los colombianos.         

Hoy, por los efectos generados por la pandemia y frente a la realidad que viven los miles de trabajadores de la salud del país, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instó a los ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, a las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales, y a los directores, gerentes y funcionarios responsables de las empresas sociales del Estado a dar cumplimiento a la normativa constitucional, legal y reglamentaria que garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y decentes para este sector.   

A través de la Circular 007 de 2020 el jefe del Ministerio Público conminó a los funcionarios públicos responsables de la administración del sector salud, a cumplir con la obligación legal de mantener la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los trabajadores del sector a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.   

Carrillo Flórez enfatizó en la prohibición legal que existe de contratar servicios tercerizados para el cumplimiento de actividades misionales so pretexto de conjurar situaciones excepcionales. Advirtió que el personal de las IPS (Instituciones Públicas Prestadoras de Salud) no puede estar vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales.   

La Procuraduría en acciones preventivas de vigilancia y seguimiento evidenció que en los últimos años se ha acentuado la precarización del vínculo laboral entre los trabajadores de los servicios de salud pública y las empresas o entidades que prestan dichos servicios por cuenta del Estado.   

Advirtió que “los contratos de prestación de servicios y otras modalidades de contratación de personal se han incrementado en las IPS hasta el punto de que se crean verdaderas nóminas paralelas, así una gran cantidad de personas trabajan durante largos periodos para las entidades públicas, en detrimento a su derecho fundamental a un trabajo decente y a la seguridad social que él implica”.      

El Procurador mostró su preocupación frente a la precarización laboral de la mayoría de los trabajadores del sector salud en Colombia, que no solo está tercerizando la operación de algunas actividades misionales, sino que también contrata por medio de outsourcing, servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y contratos sindicales.   

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud en respuesta al requerimiento de la PGN, de 926 Empresas Sociales del Estado se determinó que hay 136.116 trabajadores, de los cuales 46.715 están vinculados directamente en las plantas de personal y 116.401 de manera indirecta.    

“Los contratos tercerizados constituyen así el 71.37% de los puestos de trabajo en el sector y los servidores que están vinculados a las plantas de personal de las entidades del sector de la salud pública solo constituyen el 28.63%, lo que contradice a todas luces el mandato legal que determina que la regla general de la administración pública es, que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa y excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados”, agregó.

La Procuraduría continuará la vigilancia para que las relaciones laborales en el país se desarrollen garantizando los derechos de los trabajadores.