LA HISTORIA DE UN FALLO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE SANTA MARTA

Por. Víctor Garavito

El fallo proferido este miércoles 15 de febrero por el despacho del Juzgado Tercero Administrativo de la jueza Marta Lucia Mogollón Saker es imperativo frente a las pretensiones de la multinacional de Inassa, Metroagua S.A. ESP., de aplazar indefinidamente la caducidad del polémico contrato de arrendamiento con la que operó por 27 años el acueducto de Santa Marta.

De manera concluyente, en la parte resolutiva de la decisión judicial se conmina a esta entidad a entregar el próximo 17 de abril toda la infraestructura del sistema de acueducto y saneamiento básico de la ciudad; además, deberá en 10 días proporcionarle la información actualizada de bienes mueble e inmuebles al Distrito y establecer con la Alcaldía un cronograma para su traspaso.

El comienzo del fin

Mediante solicitud realizada el 24 de enero del presente año, por el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su condición de tercer interviniente en el litigio que la Administración Distrital, adelanta a Metroagua, mediante una acción popular, y con fundamento en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, pidió decretar medidas “cautelares urgentes” contra la multinacional española, como consta en el Radicado 47-001-3333-003-2015-00354-00.

Conocida la anterior petición por el abogado de Metroagua, el 31 de enero hizo lo propio, con el fin de salvaguardar el patrimonio de la entidad española y la de sus socios. Inmediatamente, la Oficina Jurídica del Distrito, presentó sus alegatos el 3 de febrero contra tales pretensiones de la operadora del acueducto y este mismo día, la entidad se opone a la medida cautelar solicitada por Caicedo Omar. Estas fueron, las últimas actuaciones jurídicas que a la postre, determinaron el fallo del Juzgado Tercero Administrativo.

Cabe señalar, que el Alcalde Rafael Alejandro Martínez, ya se la había jugado el todo por el todo, cuando el pasado 11 de enero, firmó la Resolución No. 009, que modificó de manera unilateral la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua. Es aquí cuando llama la atención, las actuaciones de los altos funcionarios y del que fuera el burgomaestre en 2002, Hugo Gnnecco Arregocés, que dicho sea de paso fue condenado por corrupción en la contratación, quien a toda costa buscaba favorecer a la multinacional y así lo hizo.

Fue durante la Administración de Gnnecco Arregocés en la que se modificó por cuarta vez el irregular contrato de arrendamiento firmado en 1989. En esta ocasión se determinó que las mejoras de Metroagua debían ser reconocidas por el Distrito y suprimió la caducidad del arrendamiento. Además, se le introdujo a la cláusula No. 4, el parágrafo segundo que señala: “El arrendatario no podrá retirar ni separar las mejoras al momento de terminación del contrato de arrendamiento. En consecuencia seguirá operantndo los sistemas de acueducto y alcantarillado objeto del mismo hasta la fecha en que las partes de mutuo acuerdo se declaren a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato” (sic).

De esta forma, se le perpetuaba el contrato a Metroagua y se le concedía la operación indefinida del sistema de acueducto y el saneamiento básico en Santa Marta, porque como lo señaló el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, la empresa siempre hacia caso omiso y le daba largas a los requerimiento que le hacia la Administración Distrital, cuando le solicitaba la información necesaria por ponerse a paz y salvo, con el fin de darle terminación al contrato de arrendamiento.

Además, en forma reiterada la filial de Inassa, siempre le advertía a la ciudad que para entregar la operación y el contrato debían cancelarle al rededor de 60.000 mil millones de pesos por las mejoras y las inversiones que le había hecho al sistema en la ciudad; sin embargo, nunca entregó la información para determinar la veracidad y alcances de sus pretensiones. Fue así como, la discusión se convirtió en el mito del eterno retorno, que nunca ni salía ni llegaba a ninguna parte, porque en realidad no había punto de partida para resolver el litigio.

La Controversia

La multinacional mostró los dientes en el Juzgado para tratar de reversar la decisión del actual Alcalde Rafael Martínez y esgrimió que su intención era “garantizar provisionalmente la eficacia jurídica” y con sobrado cinismo argumentó que su solicitud la presentaba en “aras de proteger los interese colectivos de la ciudadanía samaria”. Sí, así como lo ve, cuando la realidad era otra, porque nunca les interesó las 27.000 personas que hoy no cuentan con el servicio de acueducto, pudieran acceder a este.

Pero además, increpo a Martínez y lo señaló como caprichoso y alguien que intenta arrebatar a la justicia sus competencias y “actuar a su antojo… en su desenfrenado interés en atropellar a Metroagua”; en fin, casi se le acaban todos los adjetivos calificativos a los abogados de la multinacional, con el fin de descalificar al burgomaestre de Santa Marta, quien posteriormente fuera denunciado ante la Procuraduría General de la Nación por expedir la Resolución para proteger el patrimonio público de los samarios.

Y, si con Martínez se lucieron con su florido lenguaje de bufete de plaza de mercado, a Caicedo Omar, tampoco le fue mejor, porque en su intento desesperado por demostrar el poder de la multinacional extranjera, quisieron reinventarse la realidad, así: “Ahora bien, la absurda petición del tercero coadyudante (es decir, el exalcalde) implica ni más ni menos que para el día 17 de abril del 2017 exista una toma de posesión de facto… incluso con la fuerza pública… y más disparatado aún…”; su estrategia jurídica estuvo basada en el miedo. Así fue la altura intelectual de los argumentos jurídicos de Metroagua.

Mientras esto sucedía, cada día más se agravaba la crisis del agua en Santa Marta, se vulneraban los derechos y se ponía en riesgo la salud de sus habitantes; de igual forma, el servicio era precario y en muchos sectores de la ciudad ni siquiera existía; por su parte, la empresa Metroagua alegaba que esta realidad se debía a la desorganización de la ciudad, a las múltiples conexiones ilegales y la falta de fuentes de captación, aunque recibía grandes sumas de dinero por parte del Estado para y de Cooperación Internacional para adelantar inversiones en el mejoramiento del servicio.

Finalmente, aunque en el termino de los siguientes días, Metroagua impugnará la decisión del Juzgado Tercero Administrativo, a cargo de la Dra. Marta Lucia Mogollón Saker y porque además se percibe su desconfianza con la jueza, el fallo se constituye en el primer paso de una batalla jurídica que aún continua y refleja la lucha de las comunidades de Santa Marta, con el fin de mejorar sus servicios públicos y contribuir con el desarrollo de la ciudad.



Fotografía: [ar] actualidad regional. Febrero de 2017.