EJÉRCITO NACIONAL, LOS CAMPESINOS COLOMBIANOS Y EL ENEMIGO INTERNO

Nuevamente, quedó en evidencia la manera como opera la doctrina del enemigo interno adoptada por la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez y que dejó 6.402 jóvenes asesinados en ejecuciones extrajudiciales 
por parte del Ejército Nacional de Colombia.
El pasado lunes 11 de septiembre, en inmediaciones de la Vereda Bocas de El Manso, en jurisdicción del municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, sector donde opera el Clan del Golfo, un grupo fuertemente armado con prendas de uso privativo del Ejército Nacional irrumpió en esta comunidad rural y sin mediar palabras amenazó a sus pobladores, hechos que fueron difundidos por las redes sociales del país. 

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Defensa, el propio Ejército se pronunció con un escueto comunicado de prensa en la que advierte que: “se puedo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería No. 33 Batallón Junín de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”.

Llama la atención de este lamentable suceso que se presenta luego de la estigmatización a la que han sido expuestos los trabajadores del agro -campesinos colombianos- por parte de los partidos uribistas: Cambio Radical y el Centro Democrático; además, de la pretendida reactivación del paramilitarismo de la mano de Fedegan y José Félix Lafaurie, como el mismo presidente Gustavo Petro lo denunció.

Finalmente, mientras se habla de la Reforma Agraria, para nadie es un secreto que la ultraderecha colombiana, en diferentes intervenciones en el Congreso y a través de los medios de comunicación, arremetió de manera violenta contra los trabajadores del agro, quienes en los últimos días ha sido estigmatizados, luego que el presidente Gustavo Petro sancionará el pasado 5 de julio el Acto Legislativo número 1 de 2023, que reformó el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, y los reconoció, tal como ya lo había hecho la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-077-2017, al considerar: “los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente”.

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