EN LA CALLE SE TUMBÓ LA REFORMA TRIBUTARIA DE DUQUE, TRIUNFO EL PUEBLO

Ante la incapacidad de contener la indignación de los ciudadanos y ciudadanas en las calles del país, el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, que en las últimas horas buscó la aprobación de su Reforma Tributaria con la militarización de las ciudades, acaba de anunciar que retira este proyecto que lesionaba a los sectores más vulnerables, los trabajadores y las clase media colombiana. 

De esta forma, Duque buscaba imponer a sangre y fuego su reforma, que de forma categórica rechazaron los colombinos, ahora quedan la reforma a la salud, la Policía, la educación superior, la justicia y el Congreso, entre otras; además, de la decisión del Gobierno Nacional de desplegar y escalar los niveles de violencia y de las múltiples violaciones de derechos humanos denunciados por los manifestantes y en los que han incurrido la Fuerza Pública, como lo reseñan las redes sociales, porque los medios de información guardan silencio de la violencia desmedida y los atropellos del Estado. 

Del mismo modo, las organizaciones sociales rechazaron la penalización del derecho constitucional a la protesta pacífica y la vulneración al derecho a la vida que desafortunadamente ya dejó más de 10 colombinos asesinados durante la jornada nacional contra la Reforma Tributaria en ciudades como Bogotá, Ibagué, Cali, Pereira, cientos de heridos en las 120 horas que duraron las protestas, como acaba de ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- por 97 organizaciones defensoras de los derechos humanos del país. 

Tan grave es la situación en el que el gobierno de Iván Duque tiene en estos momentos al país que ante la instancia internacional de las CIDH, las organizaciones de derechos humanos solicitaron “que adopten medidas de protección a la vida, integridad y libertad personal, de expresión y asociación, debido proceso, derechos de reunión y participación, y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana”. 

De igual manera, pidieron el respeto irrestricto al derecho a la protesta social y las garantías para que este pueda desarrollarse libremente y la suspensión del uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- en las manifestaciones pacíficas; así como la abstención de discursos estigmatizantes y criminalizadores de parte de los funcionarios del Estado en contra de la protesta social y los manifestantes y, por último que se investigue en la jurisdicción ordinaria, con estándares de debida diligencia e imparcialidad, de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas.