EMBARGO DEL HOSPITAL JULIO MÉNDEZ BARRENECHE ATENTA LA SALUD DE LOS SAMARIOS
Este hecho le impide al Distrito disponer de los recursos de destinación específica para la ejecución de todos los programas de salud pública y del plan de vacunación para contrarrestar el contagio del Covid -19, lo que pone en riesgo a la población.
El proceso adelantado por la Supersalud, se adelanta por concepto de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud de urgencia a población vulnerable no asegurada y a los migrantes en condiciones de irregularidad y para saldar esa obligación se requiere el aporte de la Nación, que aún no ha girado los recursos necesarios para subsidiar el pago a las entidades de salud que les prestan servicios asistenciales.
Por lo tanto, la alcaldesa Virna Johnson radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, por presuntas faltas disciplinarias dentro del proceso de cobro coactivo seguido por el Hospital, toda vez que al amparo de la Constitución Política de Colombia y otras leyes, los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, ya que gozan de protección constitucional reforzada.
Igualmente, la mandataria interpuso una queja ante la Superintendencia Financiera por la aplicación arbitraria de medida cautelar de embargo por parte de las entidades bancarias que congelaron las cuentas del Distrito; además, dirigió un oficio ante el Ministerio de Salud, a fin de pedir instrucciones para la cofinanciación de la deuda con el Gobierno Nacional por población migrante, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta concreta.
Por otra parte, la Alcaldía Distrital radicó ante el Hospital Julio Méndez Barreneche una solicitud de acuerdo de pago en el que se compromete a pagar la deuda de la población samaria, dado que la de los migrantes le corresponde al gobierno nacional; sin embargo, como respuesta recibimos un oficio negando la propuesta de conciliación.
Ante esta situación, el Distrito calificó la actuación del agente interventor de la Supersalud, Oscar Gálvez, como inhumano e inconstitucional; por lo que denunciará a quien mediante acciones indebidas y con fines politiqueros, acuda a la justicia para menoscabar los intereses de los samarios.
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