SEGÚN LA FISCALÍA, EL EXALCALDE CARLOS CAICEDO TENÍA RAZÓN


Por. Víctor Garavito

En el 2012, la clase política del Magdalena se vino con todo contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar por su decisión de defender los recursos del Distrito. Por esos días, mientras su gobierno resistía, la estrategia de sus contradictores era no permitirle desarrollar su una gestión y demostrarle a los samarios que sus sueños de cambio naufragaban, como en efecto ocurrió en la Corte Constitucional de la mano del exmagistrado uribista Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien actualmente espera sentencia por soborno.

A pesar de ello, seis años después, la Fiscalía General de la Nación le dio la razón a Caicedo Omar frente a sus acusaciones y dejó al descubierto, que la oposición a su gobierno no solo era política sino que buscaba mantener postrada a la ciudad frente al apetito voraz por los negocios que las familias de ese entonces defendían para su beneficio económico, mientras buscaban nuevamente apoderarse de Santa Marta.

El soborno de los españoles

Fue la misma clase política del Magdalena la que había montado el contrato 092 de 2002, para entregarle el recaudo de los impuestos del Distrito a la firma Recaudos y Tributos -R y T-, filial de la multinacional española Inassa, quien decidió interponer una tutela ante la determinación de la Alcaldía Distrital de dar por terminado ese negocio en el 2012.

Por esta razón, los españoles, bajo el argumento que la actuación del Distrito le ocasionó un detrimento patrimonial, pretendieron que la acción judicial contra la alcaldía les diera la razón y de esta forma tumbar el acto administrativo emprendido por Carlos Caicedo.

Sin embargo, el pasado lunes 6 de noviembre, según la Fiscalía General de la Nación, en el transcurso de sus investigaciones por corrupción contra el grupo español Inassa, dentro de la Operación Acordeón, que adelanta conjuntamente con los organismos judiciales del país ibérico, anunciaron el hallazgo de "el presunto pago de una elevada suma de dinero al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt a cambio de favorecer los intereses de la firma Recaudos y Tributos S. A., en el trámite de revisión de un fallo de tutela del Juzgado 5 Civil de Santa Marta proferido el 26 de junio del 2012".

Pero el exmagistrado Pretelt fue mucho más allá, cuando decidió engavetar durante varios meses la elaboración de la sentencia y esta se hizo efectiva en febrero del 2015. Esto le permitió a Recaudos y Tributos S. A. mantener el contrato. La maniobra del togado conllevó al pago de más de 18 mil millones de pesos a los españoles de Inassa, como lo denunció Caicedo.

Así mismo, la Fiscalía evidenció que en dicho tramite la Corte Constitucional, con ponencia de Pretelt Chaljub profirió la Sentencia T-082 del 12 de diciembre de 2012, con la que se favorecieron las pretensiones de de los españoles de R y T; sin embargo, esta desición se declaró nula en la Sala Penal de la alta instancia judicial y a favor del Distrito, mediante el Auto 155 del 28 de mayo del 2014.


Lo que se viene


Debido a las irregularidades y la trama que se escenificó, al amparo al despacho del exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Fiscalía determinó compulsar copias del proceso a la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes, con el fin que adelante las indagaciones correspondiente. Así mismo, el ente acusador investigará a los abogados Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco.

Ahora bien, la nunca bien vista Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, también conocida por el país como Comisión de Absoluciones, por su acostumbrado juego de poder, que se refleja en su alto indice de impunidad e inoperancia, tendrá ahora la última palabra; no obstante hay que indicar que el partido de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, tiene las mayorías.

Esta Comisión integrada por 15 representantes, fue una de las más codiciadas por los partidos que integran el Congreso de la República en la presente legislatura, porque en sus manos estará el futuro de los más sonados casos de corrupción y de investigaciones que pueden cambiar el panorama político del país, entre ellas las que cursan contra Álvaro Uribe Vélez, entre otros.

Por eso, el Centro Democrático se disputó las mayorías en la Comisión en encabeza del representantes Edward David Rodríguez Rodríguez-investigador en el caso del Cartel de la Toga-, Gabriel Santos García, -el hijo del exvicepresidente y embajador en los EEUU Francisco Santos-; además, de Luis Emilio Tovar Bello y Óscar Leonardo Villamizar Meneses. Siendo así, posiblemente, como señalan algunos observadores, estos hechos denunciados por Carlos Caicedo quedaran en la impunidad, ya que Jorge Ignacio Pretelt Chaljub es protegido por el uribismo.

Al final la pregunta de muchos samarios es: ¿Recuperará los 18 mil millones de pesos el Distrito? Amanecerá y veremos dice el refrán popular.

Fotografía: ©[ar] actualidad regional y redes sociales.

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