GOBERNADOR SALE ADELANTE EN SUS PROCESOS JUDICIALES

Contraloría Departamental declara acción de nulidad a sus actuaciones contra el Gobernador y Fiscalía archiva otro proceso

Acción de nulidad por violación al debido proceso fue la medida que en las últimas horas tomó la Contraloría Departamental del Magdalena dentro de la investigación preliminar que se le había iniciado al gobernador Carlos Caicedo, sin haber valorado las pruebas solicitadas por el mandatario luego de ser notificado. 

Fue la Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal del Departamento quien había iniciado en contra del Caicedo la investigación por su presunta omisión en el reporte sobre la deuda pública del segundo trimestre de 2021. 

En este sentido, el ente le dio la razón al mandatario, tras haber solicitado la práctica de pruebas dentro del proceso, pero que nunca fueron adelantadas por el despacho de la Contraloría Auxiliar, el mismo que había abierto la indagación administrativa. 

De tal forma, que mediante la nueva resolución, el jefe de la Oficina de Acción Administrativa de la Contraloría General del departamento, Iván Mauricio Maya López, consideró que al mandatario se le había violado el debido proceso y resolvió dejar sin efectos el auto de noviembre de 2021 contra el gobernador. 

Finalmente, en su parte resolutiva, el jefe de la Oficina de Acción Administrativa, también ordena que se debe volver a estudiar la solicitud de pruebas que pidió desde un principio el apoderado de Caicedo e iniciar un nuevo proceso donde se deberán tener en cuenta. 

Fiscalía archiva 

La Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por no encontrar elementos probatorios que den lugar a continuar el proceso penal por la compra de mercados entregados a los magdalenenses durante la pandemia de 2020. 

Se trató de hechos relacionados con supuestos sobrecostos generados al interior del Contrato de Compraventa Número 0216 del 16 de abril de 2020, celebrado entre la Gobernación del Magdalena y la Empresa Bigstar Alimentos S.A.S., y cuyo objeto fue la “adquisición de productos para conformar mercados solidarios para atención de la población vulnerable dentro de la emergencia ocasionada por Coronavirus (COVID-19), bajo el sistema de monto agotable”. 

Por su parte, el ente judicial señaló que no se comprobó la existencia de sobrecostos generados por el contrato, con el que el mandatario garantizaba la alimentación a las familas más vulnerables en medio del confinamiento decretado por la pandemia, asistencia humanitaria entregada por la Gobernación durante la etapa más crítica de la emergencia sanitaria.