CAICEDO DESDE LA OTRA MIRADA DEL PAÍS, EL VALOR DE SER CANDIDATO

“No tenemos tiempo”
Por. Víctor Garavito

Caicedo llega de donde surgen otras lecturas y cosmovisiones del país, sin el proscenio de las barahúndas que se protagonizan en el Congreso de la Republica ni los anuncios de los teloneros que sobrefacturan la información ni el circo mediático que se nos impone desde la capital del país. Por eso, como diría Carlos Vives, Caicedo llega desde la «tierra del olvido».

Nada más contundente frente a la realidad por la que atraviesa nuestro país, que la lectura hecha por Fuerza Ciudadana frente a los últimos escándalos protagonizados desde Bogotá por la clase política y la plutocracia colombiana que hace más de 60 años ostenta el poder.

Por eso, hoy muchos sectores sociales en los diferentes rincones del país coinciden en que «no tenemos tiempo», porque se nos avecina una catástrofe si continuamos con el modelo económicos extractivista del país, así como lo afirmó Ati Quiga, la fórmula Vicepresidencial del Candidato a la Presidencia Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien en la actualidad recoge, junto a sus seguidores, las 400.000 firmas que exige el Consejo Nacional Electoral, para inscribir su candidatura a las elecciones de mayo del 2018.

Al exclusivo escenario de las presidenciales que se fabrican a dedo desde Bogotá, teniendo en cuenta apellidos, linajes y otras nigromancias, Carlos Eduardo Caicedo Omar llega desde una de las regiones del país más pobres, uno de los bajos índices de calidad educativa, plagada de corrupción y donde los paramilitares eran los dueños y señores, en complicidad con su clase política, como ocurrió y sucede hoy en el Magdalena.

Son a estos límites del país, como los del Caribe, el Pacífico y la Amazonia, a los que el centro siempre le ha negado la posibilidad de decidir sobre su desarrollo; no obstante, se ha servido de nuestras regiones con el fin de explotar y expropiar los recursos naturales para favorecer exclusivamente a las multinacionales y luego abandonarlas a su suerte cuando se agotan su potencial minero o se extingue su riqueza. Este es el inevitable ciclo que las regiones han cumplido para la plutocracia colombiana que nos domina desde Bogotá.

La borrasca de la corrupción

En efecto, los niveles de corrupción que alcanzó la clase política colombiana no tiene precedentes, así lo demuestran los casos de Odebrecht y Navelena, que involucran al mismo Fiscal General de Nación Néstor Humberto Martínez Neira y varias de sus más de 20 firmas de abogados, como se ha denunciado desde el Congreso de la República; el ingresos de dineros ilegales a las campañas de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, la impunidad en alrededor de los protagonistas de la estafa de Interbolsa y el Fondo Premium, aportantes a las presidenciales en el 2012.

Pero también están sin aclarar los fraudes en la EPS SaludCoop, Coomeva, Caprecom, las maromas financieras en la venta de Cafesalud, el Cartel de la Hemofilia en Córdoba patrocinado presuntamente desde la Gobernación; así mismo, el saqueo continuado a los recursos de las reglías, el tráfico de influencias en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez en la Corte Suprema de Justicia y Ecopetrol, los cuestionados avales de los candidatos de Cambio Radical [su silencio y Vargas Lleras] y por último el fallido nombramiento del Fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, solo por nombrar algunos recientes sucesos.

Y para acabar de completar los medios comerciales de información, Caracol, RCN, CM&, entre otros, sólo tienden cortinas de humo con el pretendido fantasma del castrochavismo y las mentiras de Álvaro Uribe, igual que lo hacen en España las empresas informativas del Grupo Prisa y en el mundo la CNN; este es el mecanismo para distraer la atención de los colombianos, enajenar su conciencia, dividir a la nación con falsos fundamentalísimos como el de la pretendida ideología de género y crear esclavos, con el propósito que no se cuestionen sobre los grandes retos del país, las amenazas a los procesos de paz de la ultraderecha, la corrupción y el fortalecimiento de los narcoparamilitares en regiones como el Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Valle del Río Ariguaní y la Serranía de San Jorge; la Amazonía y el Pacifico.

Por otro lado, a nivel regional, ni se diga, porque si en Bogotá llueve en Santa Marta la temible borrasca se pasea por los pasillos de su Gobernación, donde hasta el silencio de compra, prueba de ello es la trama judicial presuntamente urdida en los altos tribunales de Santa Marta, como lo sostienen algunos juristas, frente al caso de los irregulares contratos firmados por el exsecretario de educación de Luis Miguel Cotes Habeych y de Planeación de Rosa Cotes de Zuñiga, Antonio José Matera Ramos, por la no despreciable suma de $18.531 mil millones, con la Fundación para el Servicio Social y Empresarial del Caribe, Servimas. Hoy, el imputado Matera goza del beneficio de casa por cárcel, es decir, todo quedó bajo el manto del olvido y la impunidad.

Pero la cosa no queda ahí, porque la Contraloría General de la Nación realizó hallazgos por sobrecostos en la vía a la Prosperidad por $32.613 mil millones; de igual manera se constató su retraso en la obra, donde solo se han pavimentado 4 kilómetros de los 52,6 kms. a la que la redujo el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych.

Así lo dio a conocer el director del Invias Carlos García, quien no dudó en declararla en estado de calamidad, hace ya varios días. Pero aquí no pasa nada, porque al parecer los órganos de control del Magdalena, como la Contraloría Departamental, se hacen los desentendidos y le dan el consabido “manejo”, así como lo hicieron los últimos 27 años con la multinacional española de Canal Isabel II y su filial Inassa, accionista mayoritaria de Metroagua, empresa que esquilmó los recursos públicos del Distrito de Santa Marta y sus comunidades, como sucedió en otras ciudades del país.

Frente a estos hechos el exalcalde de Santa Marta, que no solo se queda en el discurso, Carlos Eduardo Caicedo, la semana pasada interpuso una demanda penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la multinacional española Antonio Navarro Reina, Raúl Quintero Lions, Luis Fernando Arboleda, Luis José Londoño, Johana Segreda Mercado, Diego Fernando García Arias y Edmundo Rodríguez Sobrino, por detrimento en el patrimonio público y de los samarios.

Los Cotes Al Asecho

Por eso, no es de extrañar que ante este entramado de corrupción de las mafias políticas regionales y su probados vínculos con los narcoparamilitares, la semana pasada la prensa nacional informará que la Familia Cotes estaría detrás de la fabricación de una presunta denuncia contra candidato a la presidencia Carlos Eduardo Caicedo.

Los hechos que fueron los dio a conocer el confesos paramilitar José Gregorio Rojas Mendoza, alias Yoyo, perteneciente al Bloque Tayrona, quien indicó que el abogado Julián Andrés García Arboleda, lo abordó en su centro de reclusión en Barranquilla, para que testificará contra Caicedo Omar, con el fin de señalarlo como autor de algunos homicidios que se presentaron en la Universidad del Magdalena cuando este se desempeñaba como su rector.

Las Propuestas Educativa de Caicedo

“Este es uno de los pilares de nuestra propuesta de Reforma Popular Legislativa. Nosotros, además de nuestra aspiración presidencial, tenemos una propuesta de reforma constitucional basada en el argumento de crear un modelo de desarrollo incluyente, porque hoy en día no tenemos ni lo uno no lo otro, ni somos un país desarrollado y las brechas socioeconómicas son muy grandes”, señala Carlos Eduardo Caicedo Omar.

De ahí que, ante la urgencias de la actual coyuntura en la que se debate el país, la nación colombiana no aguantaría otros cuatro años de un modelo económico netamente extractivista, que solo beneficia a la multinacionales extranjeras, mientras continua el desmonte del aparato productivo nacional y con ello la quiebra paulatina del sector microempresarial; al tiempo que el saneamiento fiscal se soportan en el aumento del IVA a través de las reformas tributarias con los que se lesiona a los sectores populares, como sucedió en el 2016 que favoreció con generosas exenciones a los grandes capitales especulativos, es decir, al sector financiero.

De esta forma, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, donde la concentración de la riqueza esta en menos del 1% de su población; del mismo modo ocurre con el 90% de las tierras más productivas, que se encuentran en manos de solo el 10% de los colombianos, en momentos que la economía nacional pasa por su peor momento con un aumento de la deuda externa y como indica el economista Eduardo Sarmiento: “El producto nacional crece por debajo de la población; el ingreso per cápita desciende. La minería, la industria y la construcción se mantienen con índices negativos, y ahora el comercio, que constituye la variable más estable de la economía, ingresó al mismo grupo”.

“Estamos proponiendo un cambio, pero con las herramientas que tenemos actualmente es difícil lograrlo, un ejemplo de esto es que luego de más de 25 años de vigencia de la nueva Constitución Política de 1991 poco se ha avanzado para garantizar los derechos fundamentales, sociales y colectivos de todos los colombianos y colombianas”, añade Caicedo Omar.

Uno de los indicadores de crecimiento y transformación del país debería ser su inversión en  científica y tecnológica, así como el desarrollo basado en la innovación, que no permita ser competitivos en el concierto internacional frente a los acelerados avances de la industria en la contemporaneidad, en lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento.

Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió entregarles a los mandatarios regionales por vía de la Reforma al sistema de Regalías, los recursos que antes eran destinados a Colciencias; los gobernadores no tardaron en convertirlos en su plu de caja. Así quedó establecido, con la malversación de estos rublos en los proyectos de ciencia y tecnología financiados por la Gobernación de Córdoba, en manos de su exmandatario Alejandro Lyons Muskus. Por sucesos como estos hoy Colombia ocupa el puesto 65 en el Índice Global de Innovación.

También, en estos hechos fueron detenidas a las dueñas de la Universidad del Sinu, Mara Graciela Bechara de Zuleta, exconcejal de Montería y vicerrectora financiera de esa alma mater; además, su hermana la rectora, María Fátima Bechara Castilla, quienes fueron vinculadas a las investigaciones y hoy fueron dejadas en libertad por un Juez de garantías en Montería. De esta forma, en este país del Sagrado Corazón de Jesus, entre más se robe menos se paga, aunque las señoras de la alta sociedad cordobesa siguieran relacionadas en el caso, de seguro nada se sabrá la plata se perderá y de nuevo se olvidará.

Por eso, Caicedo Omar señala: “Tenemos una propuesta muy seria que hemos denominado Ciencia, tecnología e innovación para el crecimiento productivo y lo que pretendemos, a través de la Reforma Popular Legislativa es que del Presupuesto General de la Nación se destine el 4,5 % de esos recursos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el emprendimiento y a las empresas asociadas con Universidades y centros de desarrollo que generen nuevos empleos con ocasión de la investigación aplicada, la aplicación, adopción o trasferencia tecnológica”.

Así mismo sentencia: “Está demostrado que los países que no innovan, que no investigan y que no invierten en educación quedan rezagados frente a los que sí lo hacen y es un tema que no se trata solo de destinar presupuesto, sino de planear a largo plazo y por consiguiente debe convertirse en política de Estado, por esto hay que organizar la gestión de este sector en un ministerio de hoy no existe, nosotros crearíamos el Ministerio de ciencia tecnología e innovación, que dé incentivos, sobre todo, a la innovación productiva”.

Movimiento Sociales y Coyuntura

“La protesta civil es un derecho de los colombianos, al igual que otros mecanismos de participación y expresión como el plebiscito y las consultas previas, que de alguna forma se han convertido en el único mecanismo para que el Gobierno, que es altamente centralizado, mire por un momento a la periferia”, manifiesta el exalcalde de Santa Marta. “Es cierto que hay un incumplimiento a las regiones, pero es un tema histórico al que algunos le están queriendo sacar provecho electoral, pues estos mismos que hoy critican al Gobierno han estado en el mandato y les han incumplido a las regiones, esas críticas son absolutamente demagógicas, porque no presentan soluciones.

“Nosotros creemos en la autonomía territorial; es más, creemos que para el flagelo que azota al Pacífico y a otras zonas periféricas del país, que han vivido en el abandono estatal durante décadas, se deben fortalecer los territorios con recursos y rentas propias para que gestionen su desarrollo”.

“Hoy la protesta civil, el reclamo de las regiones y de los educadores, es un tema que no es nuevo, pero que por fin la gente decidió levantar la voz para buscar un cambio ante tanto abuso. Por ejemplo, la protesta de los educadores que usted menciona está más que justificada, los gobiernos han puesto a la educación en un segundo plano en designación de presupuesto y en importancia estratégica para el desarrollo del país y eso perjudica a todos. Nosotros creemos en el acceso a la educación pública como derecho fundamental de todos los colombianos y creemos que los educadores no deben ser ciudadanos de tercera, que es como los trata y los ha tratado el Gobierno siempre.

De otra parte, nuevamente la extrema derecha arrecia su persecución contra los líderes sociales, comunitarios, sindicales, campesinos, periodista y defensores de derechos humanos, como lo certificó las Naciones Unidas. Al mismo tiempo que el escenario cada día se ensombrece, el pasado lunes 1 de mayo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, mostró la preocupación del organismo internacional frente a la deteriorada situación por la que traviesan los defensores de los derechos humanos en Colombia.

“La persecución a los líderes sociales es un hecho que aunque traten de esconder es evidente, yo mismo he sido víctima de esta persecución, porque lamentablemente vivimos en un país donde hay una clase dirigente tradicional que cree que todo les pertenece y que el resto somos sus sirvientes y al que se atreva a contradecir eso lo castigan haciéndole montajes judiciales, amenazándolos y no en pocos casos asesinándolos y quienes hacen eso son esos mismos que dicen que van a hacer trizas el acuerdo de paz, porque no les conviene un país desarrollado y próspero, quieren que eso siga siendo su finca y ellos los gamonales”, señaló finalmente el candidato a la presidencia por Fuerza Ciudadana, Carlos Eduardo Caicedo Omar.

Fotografía: (1) ©Cortesia Fuerza Ciudadana y [ar] actualidad regional