CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE CARLOS CAICEDO ES IMPUTADA POR EL DELITO DE PECULADO


Por. Víctor Garavito

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, contra Virna Lizi Johnson Salcedo, exgerente del Sistema Estratégico de Transporte Público -Setp-, quien hizo parte del gobierno del actual mandatario de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez.

La imputación realizada ante un juez de garantías, fue adelantada por la Dirección de Fiscalías Seccional Magdalena; el acto criminal se configuró el 5 de febrero de 2015, cuando se destinaron 13.000 millones de pesos, a través del Contrato No. LPN-001 suscrito entre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta (Setp) y el Consorcio Sept Santa Marta 2015, para adelantar las polemicas obras de la Avenida Santa Rita o calle 22 de la capital de Magdalena.

El ente acusador encontró pruebas que vincularían a la candidata a la Alcaldía de Santa Marta del fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien también es hoy espirante a la Gobernación del Magdalena; la administradora de empresas, y exdirectora de los Juegos Bolivarianos 2017, Johnson Salcedo, actuaba en calidad de gerente del Sept cuando se presentaron estos hechos de corrupción, como califica la Fiscalía en un comunicado de prensa de este lunes .

Por otra parte, se estableció, que las actas firmadas por la interventoría eran falsas. De toro lado, por estos mismos hechos, fue capturado el pasado 10 de noviembre de 2017, Mauricio Alberto Santos Reyes, el que fuera interventor de la calle 22, quien posteriormente adelantará un preacuerdo con la Fiscalía y hoy se encuentra a la espera de su sentencia.

En el periodo que se desempeñaba como gerente del Sept, alto cargo de la Alcaldía que lidera Rafael Martínez, elegido por Fuerza Ciudadana, se pagaron actas parciales de obras del Contrato No. LPN-001 por un valor de $10.100’299.660, al Consorcio, cuyo representante legal, Ómar Enrique Álvarez Escorcia, permanece con medida de aseguramiento de detención domiciliaria y se encuentra pendiente de la audiencia de acusación.

Finalmente, durante la investigación se determinó que el contratista cobró $2.503’521.126 de obras que no ejecutó, apropiándose así de los recursos; sin embargo, posteriormente los dineros fueron devueltos al Setp.

Fotografías: ©Fuerza Ciudadana, febrero de 2019.

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